En la actualidad, tenemos un proceso judicial específico para proteger a las personas con discapacidad. Esta protección se centra, sobre todo, en las áreas patrimoniales o personales de esta persona. El objetivo de adoptar estas medidas por vía judicial es, sobre todo, que se respete la voluntad de esta persona y evitar que no haya abuso o influencias negativas en las tomas de decisiones que conciernen estas áreas.
Este tipo de procesos, que están regulados en la Ley de Jurisdicción Voluntaria, lo pueden iniciar los cónyuges (no separados de hecho o de derecho), ascendientes, descendientes o hermanos, por ejemplo. Por lo tanto, si nos encontramos que nuestro padre o madre, tiene discapacidad y tiene dificultades para tomar decisiones en el área patrimonial, por vía judicial podemos solicitar que se adopten una serie de medidas que apoyen la toma de decisiones en estas áreas.
La medida de protección que propongamos tiene que ajustarse a la situación en la que se encuentra la persona. Ejemplo: si una persona requiere la supervisión de otra para todas las actividades básicas de su vida diaria, que se la represente en el área de la salud, en la económica, etc., la medida adecuada es la de asistencia legal a la persona discapaz, para que se la pueda acompañar, supervisar y representar en todos los ámbitos de su vida.
Para valorar si la medida que proponemos se ajusta o no, deberemos presentar documentos médicos que acrediten el grado de discapacidad de la persona, así como otros documentos que consideremos necesarios (informes médicos relevantes).
Una de las medidas de apoyo a las personas con discapacidad más frecuentes es el nombramiento de una persona como asistente legal de la persona discapaz. Esta persona ha de ser idónea, y los que rodean a la persona con discapacidad, deberán estar de acuerdo en este nombramiento.
¿Cómo funciona este proceso? Una vez se ha presentado la demanda conforme solicitamos estas u otras medidas, se hará una entrevista por parte del Ministerio Fiscal a la persona con discapacidad. Con ello se valorará su grado de afectación y si procede o no la adopción de estas medidas. Esta entrevista se hace por medios electrónicos.
Posteriormente, se hará una comparecencia en la que los abogados expondremos los motivos por los que proceden estas medidas, y también, el Juez escuchará a la familia de la persona con discapacidad. ¿Por qué los quiere escuchar? Para certificar que la persona que se nombra como asistente legal de la persona con discapacidad, es idónea para su cuidado. Este tipo de procesos judiciales suponen un gran paso y fomentan la igualdad, el respeto y la protección hacia colectivos que así lo requieren.
Anna Nicolàs Torán
Abogada Experta en Derecho de Familia
M&C Abogados
