La inteligencia artificial está transformando el ejercicio de la abogacía y la actividad de las empresas. Su capacidad para optimizar procesos ofrece grandes oportunidades, pero también exige responsabilidad, supervisión humana y un conocimiento adecuado de sus riesgos jurídicos.
La inteligencia artificial ya no es una cuestión de futuro para la abogacía. Es una realidad que está transformando nuestra forma de investigar, redactar, gestionar información y organizar el trabajo diario.
Herramientas como vLex, chatbots, gestores de correo y otras soluciones basadas en IA permiten agilizar tareas, localizar información, revisar documentación y optimizar procesos. En definitiva, nos permiten ganar algo especialmente valioso en nuestra profesión: tiempo.
Pero la incorporación de estas tecnologías también plantea una cuestión esencial:
¿Hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial en la práctica jurídica y dónde debe comenzar, necesariamente, el criterio del abogado?
La respuesta empieza a dibujarse también en nuestros tribunales.
En febrero de 2026, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias sancionó con 420 euros a un abogado por incorporar a un recurso hasta 48 referencias jurisprudenciales falsas generadas mediante inteligencia artificial.
El problema no fue utilizar IA, sino presentar esas referencias sin haberlas comprobado. El caso pone de manifiesto que la herramienta puede asistir al profesional, pero la responsabilidad sobre el contenido presentado ante un tribunal sigue siendo del abogado.
Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra analizó en 2024 otro supuesto en el que se habían incorporado preceptos del Código Penal colombiano, ajenos al ordenamiento jurídico español, debido a un uso inadecuado de ChatGPT 3. En aquella ocasión, la Sala tuvo en cuenta el reconocimiento del error, las disculpas y la actuación para corregirlo, y acordó archivar la pieza separada de responsabilidad.
Ambas situaciones nos dejan una enseñanza clara:
La inteligencia artificial puede ser una herramienta extraordinaria, pero no sustituye la diligencia profesional.
La rapidez con la que una herramienta genera una respuesta no garantiza que su contenido sea correcto. Una referencia jurisprudencial inexistente, una interpretación normativa equivocada o un documento no contrastado pueden tener consecuencias que van mucho más allá del tiempo que se pretendía ahorrar.
Por eso, el uso de la IA en el ámbito jurídico exige conocer tanto sus posibilidades como sus limitaciones.
Considero que la utilización de estas tecnologías en el ejercicio de la abogacía debería apoyarse, al menos, en cuatro principios fundamentales.
Todo contenido generado o asistido por inteligencia artificial debe ser contrastado antes de utilizarse profesionalmente.
La tecnología puede facilitar la investigación y la preparación de documentos, pero la comprobación de su exactitud y adecuación al asunto debe continuar bajo supervisión profesional.
Cuanto mayor sea la trascendencia del acto jurídico, especialmente en escritos procesales, mayor debe ser el nivel de comprobación.
No todas las tareas presentan los mismos riesgos. Utilizar IA para organizar información interna no tiene las mismas implicaciones que apoyarse en ella para fundamentar una demanda, interpretar una obligación contractual o preparar una estrategia de defensa.
Cuando se produce un error, reconocerlo y subsanarlo de forma inmediata también forma parte de la responsabilidad profesional.
La tecnología no elimina la posibilidad de equivocarse. Lo importante es establecer mecanismos para detectar los errores, actuar con diligencia y evitar que se repitan.
La inteligencia artificial ya no puede considerarse una novedad desconocida.
Los despachos debemos aprender a utilizarla, comprender sus límites y establecer mecanismos de control que nos permitan verificar críticamente sus resultados.
La formación continua y el uso responsable de estas herramientas son fundamentales para aprovechar sus ventajas sin comprometer las garantías que exige nuestra profesión.
Aunque estos ejemplos proceden del ámbito judicial, la reflexión también resulta relevante para las empresas que están incorporando inteligencia artificial en sus procesos.
Hoy, una startup puede utilizar IA para analizar documentación, una pyme puede automatizar determinadas comunicaciones y una empresa de mayor tamaño puede integrar herramientas inteligentes en sus departamentos de Recursos Humanos, administración o atención al cliente.
Las oportunidades de eficiencia son evidentes. Sin embargo, la automatización también puede plantear cuestiones relacionadas con la protección de datos personales, la confidencialidad, los contratos, la propiedad intelectual o las decisiones que afectan a trabajadores y clientes.
No todas las aplicaciones de IA presentan los mismos riesgos ni están sujetas a idénticas obligaciones. El Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (Reglamento UE 2024/1689), junto con otras normas aplicables, exige prestar atención al tipo de sistema utilizado, su finalidad y las responsabilidades de quienes lo desarrollan o emplean.
Por eso, antes de incorporar una herramienta a un proceso empresarial, conviene conocer sus implicaciones jurídicas y establecer controles adecuados.
La innovación tecnológica y la seguridad jurídica no deberían entenderse como objetivos contrapuestos. Una implantación responsable permite aprovechar las ventajas de la IA sin perder de vista los derechos de las personas ni las obligaciones de la organización.
En Martinez Caballero Abogados apostamos por la innovación, sin renunciar a los aspectos especialmente sensibles para el cliente, como la confidencialidad, la protección de datos personales, la no discriminación y el derecho a la defensa.
No queremos permanecer al margen de esta transformación. Hemos tomado la iniciativa de avanzar en esta materia, combinando formación, experimentación y aplicación práctica, pero manteniendo una interpretación garantista del marco normativo y deontológico que nos rige.
Por ello, impulsamos formaciones con profesionales especializados y, al mismo tiempo, exploramos e incorporamos herramientas que pueden ayudarnos a optimizar nuestro trabajo diario, automatizar determinadas tareas y aprovechar mejor nuestro tiempo.
Entendemos que incorporar inteligencia artificial no consiste únicamente en adoptar nuevas tecnologías. También implica saber cuándo utilizarlas, cómo supervisar sus resultados y en qué situaciones es imprescindible que prevalezca la valoración profesional.
Detrás de cada cliente sigue siendo necesario comprender su situación, valorar las alternativas, diseñar una estrategia, asumir responsabilidades y ofrecer un asesoramiento jurídico basado en la experiencia, el criterio y la confianza.
Esta visión también es relevante para las empresas que necesitan tomar decisiones jurídicas en un entorno cada vez más digitalizado. La tecnología puede facilitar procesos y aportar información, pero interpretar sus consecuencias y decidir cómo actuar sigue requiriendo conocimiento profesional.
Por eso, no creemos que el futuro sea el abogado frente a la IA.
Creemos que el futuro es el abogado con IA, utilizando la tecnología como herramienta para hacer mejor nuestro trabajo, no para sustituir aquello que constituye su verdadero valor.
La decisión jurídica, la estrategia y la responsabilidad profesional siguen teniendo un protagonista imprescindible: el abogado.
Porque la inteligencia artificial puede ayudarnos a trabajar más rápido. Pero es el criterio jurídico humano el que nos permite hacerlo mejor.
Daniellie Hernández
Administrativa en el Área de Atención al Cliente. Abogada (Venezuela).
