Este mismo año ha entrado en vigor una Ley que, cuanto menos, está generando mucha polémica. Es la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que entró en vigor el 03 de abril de 2025.
Esta Ley ha introducido importantes cambios en los procedimientos judiciales, pero más concretamente en la vertiente de Derecho de Familia.
El objetivo de la misma ha sido reducir el volumen de trabajo de los Juzgados y facilitar que las partes traten de llegar a un acuerdo antes de interponer una demanda. Por lo tanto, para según qué procedimientos, sino demostramos esta “voluntad de negociar” o de llegar a un acuerdo, el Juzgado no tramitará nuestra demanda por no cumplir con ese requisito.
No se exigirá esta negociación previa en procesos de medidas urgentes de protección de los menores, por ejemplo. Ello obedece a que la situación de protección es prioritaria a la voluntad de llegar a un acuerdo.
Ahora bien, decía que era fuente de polémica porque este paso previo implica que los procesos estén siendo más largos y los grandes perjudicados, en su mayoría, son los menores.
Por ello, lo que ha hecho la Asociación Española de Abogados de Familia es presentar, ante el Congreso de los Diputados, un ‘Derecho de petición’ para que esta Ley no afecte a los procesos de Familia con menores. Aquí puedes encontrar el link: okaeafa-derechodepeticiónparapresentar.pdf
El motivo de hacer esta petición para que esta Ley no tenga que aplicarse a procesos con menores, es que la tramitación de los procesos de familia sea rápida y que no se vea ralentizada por cumplir con el requisito de tener que negociar.
Tener que cumplir con esta Ley, en los procesos de familia, implica que el Juzgado tarde mucho más en acordar una pensión de alimentos, unas visitas, por ejemplo. Esto supone un riesgo, que no se ha contemplado cuando se hizo esta Ley, dado que ello supone una evidente desprotección de los menores y ello repercute en su bienestar.
Han pasado ya unos meses desde que entrara en vigor esta ley y esperemos que peticiones como la de la Asociación Española de Abogados de Familia den sus frutos.
Anna Nicolàs Torán
Abogada Experta en Derecho de Familia
M&C Abogados
